MADRID. Durante los tres primeros meses del año, 425 personas físicas o jurídicas -empresas o familias- no pudieron asumir sus deudas y acudieron a los Tribunales para acogerse al procedimiento concursal, que desde finales de 2004 sustituye a las quiebras y suspensiones de pagos.
Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra supone un incremento del 78,57% respecto al mismo periodo del año anterior.
De los 425 deudores concursados, 359 son empresas y los 66 restantes, familias. Y si el incremento de las sociedades incapaces de asumir sus deudas ha sido grande, un 64,67%, el de los hogares es mucho mayor, un 230%.
Dentro de las quiebras empresariales, destacan las acumuladas por el sector de la construcción, 83; seguidas de las de la industria, 81; las inmobiliarias, 57 y el comercio, 56. Según estas cifras, la proporción de compañías concursadas en actividades de construcción e inmobiliarias aumentan su peso sobre el total en seis y cinco puntos respectivamente, frente al primer trimestre de 2007. Por el contrario, la industria y el comercio disminuyen ocho y dos puntos, respectivamente, su peso sobre el total.
Según el Registro de Economistas Forenses, estas cifras ponen de manifiesto que por primera vez desde que entró en vigor la nueva ley concursal, el sector de la construcción supera en número de concursos al sector industrial. Además, los economistas destacan que comienzan a existir concursos en empresas dedicadas a electricidad, muebles, aceros, pintura, obras y demoliciones, jardinería, cristalería, tabiques, etcétera, es decir toda la industria relacionada con la construcción. Señalan, asimismo, que la provincia de Castellón se ve afectada especialmetne con concursos de empresas de azulejos y cerámica.
Por comunidades autónomas, el 26,3% de los expedientes, más de uno de cada cuatro, se concentraron en Cataluña. Le siguió Andalucía, con 74 concursos y un incremento del 252% en tasa interanual. Depués viene la Comunidad Valenciana que con 68 expedientes supera a los procedimientos concursales admitidos en la Comunidad de Madrid, lo que se explica por la crisis de la construcción, que se extiende ya a la industria auxiliar de la construcción.
Menos confianza
Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial, ICO, hizo también público ayer su indicador de confianza del consumidor, que cayó en abril 9,3 puntos respecto al mes precedente, hasta 63,8 puntos, con lo que se situó en el nivel más bajo desde el inicio de la serie en septiembre de 2004.
Según el Instituto, esta caída se justifica por el descenso del indicador parcial de expectativas, que cayó 10,3 puntos, debido a las previsiones de los consumidores sobre la evolución de la economía española y el empleo. En concreto, las perspectivas sobre el futuro de la situación económica y del empleo cayeron 13,8 y 13, 6 puntos, respectivamente, una valoración muy similar a la que los encuestados realizaron sobre la evolución de la economía (-14 puntos) y de la situación del mercado laboral (-9 puntos) en el último semestre. En rueda de prensa, el presidente del ICO, Aurelio Martínez, destacó la diferencia entre la valoración que los encuestados realizaron sobre la situación actual y futura de la economía familiar, con caídas de 1, 6 y 3, 6 puntos, respectivamente, frente al pronunciado descenso de los indicadores referidos a la economía nacional, informa Ep.
Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra supone un incremento del 78,57% respecto al mismo periodo del año anterior.
De los 425 deudores concursados, 359 son empresas y los 66 restantes, familias. Y si el incremento de las sociedades incapaces de asumir sus deudas ha sido grande, un 64,67%, el de los hogares es mucho mayor, un 230%.
Dentro de las quiebras empresariales, destacan las acumuladas por el sector de la construcción, 83; seguidas de las de la industria, 81; las inmobiliarias, 57 y el comercio, 56. Según estas cifras, la proporción de compañías concursadas en actividades de construcción e inmobiliarias aumentan su peso sobre el total en seis y cinco puntos respectivamente, frente al primer trimestre de 2007. Por el contrario, la industria y el comercio disminuyen ocho y dos puntos, respectivamente, su peso sobre el total.
Según el Registro de Economistas Forenses, estas cifras ponen de manifiesto que por primera vez desde que entró en vigor la nueva ley concursal, el sector de la construcción supera en número de concursos al sector industrial. Además, los economistas destacan que comienzan a existir concursos en empresas dedicadas a electricidad, muebles, aceros, pintura, obras y demoliciones, jardinería, cristalería, tabiques, etcétera, es decir toda la industria relacionada con la construcción. Señalan, asimismo, que la provincia de Castellón se ve afectada especialmetne con concursos de empresas de azulejos y cerámica.
Por comunidades autónomas, el 26,3% de los expedientes, más de uno de cada cuatro, se concentraron en Cataluña. Le siguió Andalucía, con 74 concursos y un incremento del 252% en tasa interanual. Depués viene la Comunidad Valenciana que con 68 expedientes supera a los procedimientos concursales admitidos en la Comunidad de Madrid, lo que se explica por la crisis de la construcción, que se extiende ya a la industria auxiliar de la construcción.
Menos confianza
Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial, ICO, hizo también público ayer su indicador de confianza del consumidor, que cayó en abril 9,3 puntos respecto al mes precedente, hasta 63,8 puntos, con lo que se situó en el nivel más bajo desde el inicio de la serie en septiembre de 2004.
Según el Instituto, esta caída se justifica por el descenso del indicador parcial de expectativas, que cayó 10,3 puntos, debido a las previsiones de los consumidores sobre la evolución de la economía española y el empleo. En concreto, las perspectivas sobre el futuro de la situación económica y del empleo cayeron 13,8 y 13, 6 puntos, respectivamente, una valoración muy similar a la que los encuestados realizaron sobre la evolución de la economía (-14 puntos) y de la situación del mercado laboral (-9 puntos) en el último semestre. En rueda de prensa, el presidente del ICO, Aurelio Martínez, destacó la diferencia entre la valoración que los encuestados realizaron sobre la situación actual y futura de la economía familiar, con caídas de 1, 6 y 3, 6 puntos, respectivamente, frente al pronunciado descenso de los indicadores referidos a la economía nacional, informa Ep.
Aun así no nos olvidemos que los empresarios también tienen familia.
y MIENTRAS TANTO...la AHE Asociacion Hipotecaria Española nos pone bajo aviso.
MADRID (EUROPA PRESS)
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) pronostica que la morosidad registrará un "incremento paulatino" durante un año o un año y medio, ya que no parece que vaya a haber "de momento" cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la presión de la subida de los tipos se traslada "mes a mes" a los presupuestos familiares. En cualquier caso, dijo que esta previsión está "a expensas de lo que ocurra con el paro y la actividad económica en general".
El presidente de la AHE, Gregorio Mayayo, durante su intervención en Telemadrid, apuntó que los sectores más expuestos a la morosidad son el colectivo de inmigrantes y los jóvenes y quienes formalizaron su hipoteca entre 2004 y 2006, recomendó a los usuarios "estudiar las ofertas del mercado" antes de contratar una hipoteca, ya que "nunca el préstamo hipotecario más barato es el mejor".
Modificación del proyecto de Ley Hipotecaria
La asociación pedirá al Ejecutivo que retire del texto definitivo del Real Decreto sobre el mercado hipotecario el artículo que establece que las entidades financieras pueden pedir una ampliación de los avales si el inmueble hipotecado se deprecia más de un 20%.
"Si el precio de los inmuebles baja, se resiente la garantía del inversor y el mercado hipotecario necesita mucho dinero exterior, ya que el 40% del total del crédito hipotecario está refinanciado con títulos", explicó Mayayo.
A su juicio, las entidades no necesitan este tipo de garantía, porque "lo importante es que el cliente siga atendiendo a sus préstamos", y recordó que esta disposición existe desde el año 1981 y "nadie la ha aplicado en España".
El citado artículo que aparece en el borrador del Real Decreto sobre el mercado hipotecario establece que "si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir al deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".
Esfuerzo para aumentar el alquiler
Por otro lado, Mayayo considera que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, debería incluir entre sus retos al frente de la cartera hacer "un esfuerzo excepcional para desarrollar un mercado de alquiler estable".
Además, señaló que gran parte del incremento de los precios de la vivienda se debe a que "no hay un mercado de alquiler en España". Según explicó, los países en el que el mercado de alquiler es inferior al 25% "la rigidez de los precios de compra es enorme".
En este sentido, Mayayo apuntó que en España quien quiere establecerse por su cuenta "tiene que comprar una vivienda, porque no hay casi oferta de alquiler".
Tras indicar que las entidades españolas han sido "ligeramente más permisivas de lo que las circunstancias habrían aconsejado" en la concesión de préstamos, afirmó que han estado muy presionadas por la demanda crediticia.
Respecto a la medida aprobada por el Gobierno que permite ampliar el plazo de la hipoteca sin coste, Mayayo dijo que puede ayudar a "salvar baches", pero al final "produce mayor coste financiero que si se mantiene en un plazo más corto", aunque reconoció que el importe a pagar mensualmente desciende.
Mayayo indicó que el banco se puede negar a ampliar el plazo de la hipoteca, porque esta iniciativa "cambia la calidad del riesgo de la operación y estas operaciones están refinanciadas en base a emisiones de títulos".
Por ello, "la entidad tendrá que hacer una revisión nueva" de las condiciones del cliente y ver si es posible, desde el punto de vista del riesgo, "aceptar o no la operaciones". "En términos generales se aceptará, siempre que no haya detrás ninguna otra inscripción de deuda y que el plazo de la hipoteca inicial no sea superior a 30 o 40 años", explicó.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) pronostica que la morosidad registrará un "incremento paulatino" durante un año o un año y medio, ya que no parece que vaya a haber "de momento" cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la presión de la subida de los tipos se traslada "mes a mes" a los presupuestos familiares. En cualquier caso, dijo que esta previsión está "a expensas de lo que ocurra con el paro y la actividad económica en general".
El presidente de la AHE, Gregorio Mayayo, durante su intervención en Telemadrid, apuntó que los sectores más expuestos a la morosidad son el colectivo de inmigrantes y los jóvenes y quienes formalizaron su hipoteca entre 2004 y 2006, recomendó a los usuarios "estudiar las ofertas del mercado" antes de contratar una hipoteca, ya que "nunca el préstamo hipotecario más barato es el mejor".
Modificación del proyecto de Ley Hipotecaria
La asociación pedirá al Ejecutivo que retire del texto definitivo del Real Decreto sobre el mercado hipotecario el artículo que establece que las entidades financieras pueden pedir una ampliación de los avales si el inmueble hipotecado se deprecia más de un 20%.
"Si el precio de los inmuebles baja, se resiente la garantía del inversor y el mercado hipotecario necesita mucho dinero exterior, ya que el 40% del total del crédito hipotecario está refinanciado con títulos", explicó Mayayo.
A su juicio, las entidades no necesitan este tipo de garantía, porque "lo importante es que el cliente siga atendiendo a sus préstamos", y recordó que esta disposición existe desde el año 1981 y "nadie la ha aplicado en España".
El citado artículo que aparece en el borrador del Real Decreto sobre el mercado hipotecario establece que "si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir al deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".
Esfuerzo para aumentar el alquiler
Por otro lado, Mayayo considera que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, debería incluir entre sus retos al frente de la cartera hacer "un esfuerzo excepcional para desarrollar un mercado de alquiler estable".
Además, señaló que gran parte del incremento de los precios de la vivienda se debe a que "no hay un mercado de alquiler en España". Según explicó, los países en el que el mercado de alquiler es inferior al 25% "la rigidez de los precios de compra es enorme".
En este sentido, Mayayo apuntó que en España quien quiere establecerse por su cuenta "tiene que comprar una vivienda, porque no hay casi oferta de alquiler".
Tras indicar que las entidades españolas han sido "ligeramente más permisivas de lo que las circunstancias habrían aconsejado" en la concesión de préstamos, afirmó que han estado muy presionadas por la demanda crediticia.
Respecto a la medida aprobada por el Gobierno que permite ampliar el plazo de la hipoteca sin coste, Mayayo dijo que puede ayudar a "salvar baches", pero al final "produce mayor coste financiero que si se mantiene en un plazo más corto", aunque reconoció que el importe a pagar mensualmente desciende.
Mayayo indicó que el banco se puede negar a ampliar el plazo de la hipoteca, porque esta iniciativa "cambia la calidad del riesgo de la operación y estas operaciones están refinanciadas en base a emisiones de títulos".
Por ello, "la entidad tendrá que hacer una revisión nueva" de las condiciones del cliente y ver si es posible, desde el punto de vista del riesgo, "aceptar o no la operaciones". "En términos generales se aceptará, siempre que no haya detrás ninguna otra inscripción de deuda y que el plazo de la hipoteca inicial no sea superior a 30 o 40 años", explicó.
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